En unos momentos de aguda crisis económica como el que atravesamos, con efectos en la cohesión social y en las condiciones de vida y en el bienestar de los ciudadanos, son precisas políticas y programas reforzadas de inclusión social, dirigidos a los grupos más expuestos a la exclusión y a la pobreza.

El hecho de que estas medidas de refuerzo se hagan en estrecha cooperación con los tejidos asociativos de los distintos sectores sociales supone un acierto, ya que se crea un espacio de coordinación pública/privado que mejora la eficacia de estas políticas y ensancha el número de ciudadanos que reciben sus efectos favorables.

A juicio del CERMI, otro elemento positivo de este plan extraordinario de promoción de la inclusión social es que todas las líneas de acción se conectan directa o indirectamente con el fomento del empleo de personas pertenecientes a grupos sociales en riesgo de exclusión.

En el ámbito específico de la discapacidad, hay que resaltar el impulso a las prácticas socialmente responsables en materia de contratación pública que supone la decisión de otorgar preferencia a las empresas que acrediten el cumplimiento de la cuota legal de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

El CERMI reconoce la actitud dialogante y abierta a la participación cívica del Ministerio de Sanidad y Política Social en el diseño de estas medidas extraordinarias, todo ello coincidiendo con al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y al Exclusión.